Legislación

¿Qué es la Ley de Prevención de capitales y a qué nos obliga?

Nos encontramos ante un nuevo marco legal mucho más exigente lo que supone un mayor esfuerzo de los sujetos obligados, tanto en estructura como en recursos, para la adecuada implantación de la nueva ley en su empresa. El objetivo de la nueva normativa es regular de forma unitaria tanto el blanqueo de capitales como el bloqueo de operaciones destinadas a la financiación del terrorismo.

(La Ley + Directiva) La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incorpora al Derecho español la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, también conocida como Tercera Directiva.

La Ley establece un concepto más amplio de lo que antes considerando blanqueo de capitales, indicando que existirá siempre que se trate de ocultar la apariencia de bienes procedentes de actividades delictivas, incluyendo expresamente el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se amplía de manera significativa el número de sujetos obligados que estaban contemplados en la antigua Ley, El régimen sancionador se ha endurecido tanto para las infracciones graves como para las muy graves, además de introducir el concepto de infracción leve. La sanción puede llegar a ser de hasta 600.000€, así como una inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección por un plazo de hasta 10 años.

OBLIGACIONES
El cumplimiento con los requerimientos de la Ley, si excluimos a las Entidades Financieras, no es complejo si se cuenta con las herramientas adecuadas.

  • 1. Identificación previa a relación de negocios:

    Es obligatorio identificar a cualquier persona con la que se quiera establecer una relación de negocios. Cuando los clientes no se identifiquen fehacientemente, usted Sujetos obligado, deberán abstenerse de operar. Se incorpora la obligación de identificar al titular real de las operaciones, es decir, a la Persona Física por cuenta de quien se opera, y en el caso de las personas jurídicas, en todo caso, se determinará su estructura de propiedad y/o de poder.

    La información requerida es la actividad profesional y se adoptarán medidas y procedimientos para comprobar su veracidad en función del riesgo del cliente.

  • 2. Seguimiento de la relación de negocios:

    Los sujetos obligados deben aplicar medidas para un seguimiento continuo a la relación de negocios para verificar que son coherentes con el conocimiento que usted tiene del cliente, de su actividad y su perfil de riesgo.

  • 3. PEPs

    Es obligatorio contar con procedimientos adecuados para identificar si el cliente o el titular real es una Persona con Responsabilidad Pública. En estos casos, se deben aplicar unas medidas reforzadas de debida diligencia en las relaciones mantenidas. La Ley considera Persona con Responsabilidad Pública a quien ostente, o haya ostentado durante los dos años previos, la condición de cargo público. También lo son sus familiares o allegados.

  • 4. Reporte a la autoridad competente

    Se comunicará inmediatamente a la autoridad competente cualquier operación en la que exista un indicio o certeza de que se pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

  • 5. Conservación de la documentación

    El plazo de conservación de los documentos se ha incrementado hasta los 10 años. Adicionalmente, la conservación debe realizarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta lectura, la imposibilidad de manipulación, así como su adecuada conservación y localización.

  • 6. Representante interno

    Se nombrará un representante de la empresa ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Éste será responsable del cumplimiento interno de las obligaciones establecidas en la Ley, y deberá ejercer el cargo de administración o dirección de la sociedad. En caso de empresarios o profesionales individuales, será su propio representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Adicionalmente, se ha de constituir un órgano de control interno que deberá contar con representación de las diferentes áreas de negocio de la entidad.

  • 7. Políticas aprobadas por escrito

    Los sujetos obligados deberán aprobar por escrito las políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones, así como de la comunicación de operaciones sospechosas. Se tiene que aprobar por escrito una política expresa de admisión de clientes, que se aplicará de forma gradual en función del riesgo de cada cliente.

  • 8. Formación a empleados

    Todos los empleados del Sujeto obligado han de tener conocimiento de los requerimientos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para ello, la Ley exige que se les imparta la formación pertinente. La participación de los empleados en jornadas de formación deberá ser acreditada e incluirá orientaciones para detectar operativa sospechosa.

  • 9. Control externo de las medidas

    Se comprobará la implantación de las medidas de control interno. El control deberá ser llevado a cabo por un experto externo, con una periodicidad anual. Los resultados del mismo deberán ser consignados por escrito en un informe, proponiendo, en su caso, posibles rectificaciones o mejoras.

    Otra posibilidad es sustituir el examen de experto externo por un informe de seguimiento anual en los dos años sucesivos a la emisión del informe de auditoría.

  • 10. Aplicación de las nuevas medidas:

    Es obligatorio aplicar las nuevas medidas de diligencia debida a sus clientes en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley, debiendo proceder a actualizar los datos de identificación de los mismos.